Desde hace un par o tres de meses, en este país, estamos acostumbrados a
utilizar y muy especialmente los representantes de los partidos políticos,
gobiernos y, en mayor medida, los medios de comunicación, dos conceptos que
pueden parecer sinónimos pero que no lo son: “legalidad y legitimidad”.
Ambos nos sirven por igual para defender o
justificar una posición personal o
política, una ideología frente a una nueva realidad
social, convivencial, o sociológica
en un momento histórico coyuntural
determinado. Igualmente ambos términos o
conceptos se utilizan como dique de contención para sostener u oponerse a quien opina o defiende lo
contrario; es decir al que no está de acuerdo contigo. Sostener que un
pensamiento o una acción política, no es legal parece que inculpa al que la pronuncia, mientras que argumentar que un
acto o política no es legítima parece
menos sancionable, malo o injusto.
Desde una vertiente no académica y en el
lenguaje cotidiano que es que utiliza
la gran mayoría de los ciudadanos españoles, cabria preguntarse si estamos en presencia de dos conceptos bien
definidos y claros o, por el contrario, resultan poliédricos, con diversos
significados o interpretaciones. En definitiva, si podemos responder fácilmente
a la pregunta: ¿Lo que no es legal es
ilegitimo? ¿Lo que no está dentro de la ley o de su interpretación por una
autoridad o tribunal, es siempre ilegal aunque sea legítimo?
Estamos muy
acostumbrados a decir “esto no es justo”;”no es legal” y desde 1978, “no es constitucional”; pero decimos pocas veces que una acción o una opinión sea ilegitima.
Puestos a este
nivel, la confusión terminológica y conceptual está servida y hoy difícilmente
podemos, únicamente desde el derecho y la ciencia jurídica, definir con
claridad las fronteras entre lo legítimo y lo legal y que se entiendan y sean
comprensibles, razonablemente, para el común de los mortales. Nuestra
sociedad globalizada y de comunicación
inmediata, no está ya para muchas teorías, sino que quiere que se le den claves
para entender ¿qué está pasando actualmente, por qué está pasando y, sobretodo, qué pasara en el futuro próximo?
El valor legitimador más relevante del poder
político es sin duda la democracia. Sin ella y sin un Estado de derecho no cabe
hablar de legitimidad. Un poder legal ejercido
democráticamente acostumbra a ser
considerado como legitimo; pero sin embargo, legitimidad y legalidad, son dos
cosas distintas
La diferencia o frontera –a veces confusa i
permeable – entre lo que es legal o es ilegal la marca la ley o lo
determina una norma con independencia
de si la misma es justa o es injusta. Es
ilegal, por ejemplo, aparcar en una zona prohibida por un ayuntamiento o por
ser zona de carga, ¿pero nos atreveríamos a calificar que aparcar en lugar
prohibido es una acción ilegitima,
criminal o intrínsecamente mala? En principio la respuesta generalizada seria
negativa. En este ejemplo, es malo o ilegal
porque no se ajusta a una ordenanza municipal ,pero nadie aceptaría que,
una mal aparcamiento en zona azul, atente a la moral ni a la justicia, ni al
orden público y que pueda ser considerado como un cuasi- delito o falta.
La legitimidad se justifica con la ética y la
moral social de quien manda o detenta el poder. Ahora bien ¿la ley es siempre
legítima? ¿Eran legitimas todas las
leyes que se dictaron por regímenes totalitarios o dictatoriales como imperaron
en Europa de Hitler, Mussolini o Franco? Yo afirmo sin ninguna duda que no.
Quizás pueden decirse que estaban dentro
de una ley y obedecían a una situación
coactiva o de fuerza que dictaba la norma, pero no eran legitimas. Creo que
todos estaremos de acuerdo que luchar
contra normas que niegan los derechos fundamentales, por muy legales que sean,
no son acto ilegítimos.
La legitimidad responde a un sentimiento, un
anhelo o una voluntad expresada por quien detenta el poder soberano que es el
ciudadano en su conjunto. Este poder lo
ejercita este pueblo , en el ámbito de un territorio, en un momento histórico
determinado y concreto. No es de siempre y para siempre.
Para poner tres ejemplos de rabiosa actualidad:
a) Matrimonios
homosexuales: Desde hace mas de 7 años estaba planteado un recurso ante el
Tribunal Constitucional por parte del PP, por considerar que la ley
aprobada por las Cortes que lo
autorizaba, no era constitucional
(ilegalidad) .El día 7 de noviembre 2012
y el Tribunal por amplia mayoría de sus Jueces sentencio que el matrimonio homosexual en
España ,que afectaba a mas de 35.000 parejas ,era totalmente legal. ¿Si el TC hubiera fallado en contra, la
unión de los homosexuales sería considerado ilegitimo por la sociedad española
o simplemente seria ilegal?
b) Ejecución
de hipotecas: La subasta de inmuebles y el desalojo de sus antiguos
propietarios por parte de un Banco ,conforme
a la Ley es legal y los jueces no
podrían fallar en contra, so pena de poder ser acusados de prevaricación. Hoy
se cuestiona por los propios Jueces y por el Consejo General de Poder Judicial
si debe de aplicarse la ley en su integridad o caben salidas alternativas no
previstas legalmente. ¿Quien tiene razón o que es legítimo?
c) Estatuto
de Catalunya de 2006: Fue aprobado por el poder legislativo: Parlament de
Catalunya y por Parlamento español. Refrendado
por el pueblo soberano de Catalunya (único que estaba legitimado
constitucionalmente para hacerlo y por
tanto dentro de la mas estricta legalidad ). Sin embargo un partido Político,
el PP ,el Defensor del Pueblo (¿que
pueblo?) y alguna otra institución del Estado no de Catalunya lo recurren y al
cabo de los años, en 2010 un Tribunal
Constitucional (legal pero caducado muchos de sus miembros y diezmado por
muertes e incompatibilidades )resolvió , en contra de mismo pueblo y de sus
representantes , que no es legal a pesar de ser legitimo y aprobado legalmente.
Muchos no lo entendieron y no lo han aún entendido.Ha supuesto un desprestigio
popular de las instituciones del Estado.
Resultado :¿En qué quedamos?
La legitimidad es un atributo del pueblo soberano,
mientras la legalidad, emana del poder legislativo o en su caso del ejecutivo
elegido por el legislativo, el cual desarrolla las normas o directrices dictadas
por el legislativo democrático. Pero es precisamente por ello ,que la legalidad
es temporal y muy variable. Está sometido a los vaivenes de la ideología de
quien detente el poder en un momento histórico determinado y , por lo que se
dijo en su momento, de la composición ideológica(progresistas o conservadores)
de un Tribunal Constitucional .
La Ley por tanto puede cambiar o ser
modificada en un momento concreto, pero siempre que sea en democracia y que sus
normas no sean claramente ilegitimo.
La expresión democráticamente manifestada por parte de
una comunidad o de la ciudadanía siempre será legitima pero puede resultar ,
coyunturalmente , que no esté amparada por una ley formal (por ser antigua o
obedecer a derroteros políticos de quien detentaba el poder cuando fue dictada
).Resulta difícil interpretar que esta
expresión de legitimidad pueda calificarse simplemente de ilegal
, sin más.
En el supuesto que se plantee un conflicto
entre la legalidad y la legitimidad, muy a pesar del formalismo de los
juristas, quizás tendremos que preguntarnos qué concepto tendría que prevalecer.
Deberíamos de trabajar desde el derecho y desde la política para que las
cosas que son legitimas en conciencia de
un pueblo i en un momento histórico, sean también legales.
Eduard Sagarra i Trias
Abogado
Profesor de Derecho Internacional Público.
ESADE
